Declaración de la Representante del UNFPA Bolivia, Rinko Kinoshita en la presentación del Informe del Estado de la Población Mundial 2024
“Mi nombre es Alia, tengo 44 años. Nací y crecí en Ashgabat, la capital de Turkmenistán en Asia Central. Hace años, un ginecólogo nos dijo a mí y a mi esposo que no era aconsejable que tuviéramos un hijo, porque ambos éramos ciegos, y me propuso interrumpir el embarazo. Pero me negué. Mi madre también era ciega y crio a sus hijos. Ahora tengo dos niños a quienes estoy cuidando yo sola”. Esta es una de las historias poderosas que nos comparte, el Informe del Estado de la Población Mundial 2024.
Desde que se celebró la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo hace 30 años en el Cairo, hemos presenciado avances notables. En más de 160 países, se ha reducido la mortalidad materna prevenible y la tasa de embarazos no intencionales, y se han consolidado los sistemas de protección para sobrevivientes de violencia basada en género. Sin embargo, en la actualidad estos progresos en muchos países se han ralentizado y, en algunos casos, retrocedido.
¿Por qué? Porque muchas personas siguen siendo excluidas y discriminadas, como en el ejemplo de Alia que les presenté. El Informe visibiliza esta situación, enfatizando que, el mundo no podrá cumplir las metas de la agenda 2030 y de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, sin tomar en cuenta a las poblaciones en mayor situación de riesgos.
Según el informe, a nivel mundial: alrededor de 800 mujeres murieron cada día, por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Para una de cada diez mujeres, utilizar anticonceptivos no depende de su voluntad. Las mujeres con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género, incluida la violencia sexual.
En Bolivia, según datos del Ministerio de Salud y Deportes, el 68% de las muertes maternas registradas en 2011, correspondían a mujeres indígenas. La Encuesta de Demografía y Salud de 2016, reporta que 10% de las mujeres casadas o unidas que usan anticonceptivos declararon que la decisión sobre su uso fue tomada por su pareja. Este porcentaje sube a 20% cuando las mujeres no han acudido a ningún nivel de educación.
El Informe también identifica las acciones colectivas que quedan por cumplir para acelerar los avances de la agenda de El Cairo en los próximos 30 años.
En primer lugar, hay que ampliar el acceso a los servicios de la salud sexual y reproductiva, que realmente responda a las necesidades de las poblaciones excluidas, como las y los adolescentes, las mujeres en comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes, y las que viven con discapacidades o con una orientación sexual diversa.
Segundo, mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos desagregados. Esto permite visibilizar a las poblaciones más rezagadas desde un enfoque interseccionalidad, e informar a las políticas públicas que aseguran el ejercicio de sus derechos. Tercero, el informe insiste en la importancia de aumentar la inversión en los derechos sexuales y derechos reproductivos, demostrando el impacto positivo del uso de anticonceptivos, la educación integral de sexualidad, y la prevención de embarazos en adolescentes.
Finalmente, existe un abanico de nuevos retos para la agenda de El Cairo en las áreas de la diversidad demografía, conflictividad sociopolítica, cambio climático, migración, y tecnología.
Después de 30 años, acceso inclusivo a los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo crucial y pertinente para un futuro sostenible. Como dijo nuestra directora ejecutiva Natalia Kanem: “Somos parte de un tapiz, formado por más de 8.000 millones de hilos que juntos componen un tejido sólido, capaz de afrontar estas desigualdades y discriminación”.
Las posibilidades para mañana son infinitas. Hoy juntos renovamos nuestro compromiso para un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro, y cada persona joven alcance su pleno potencial. Muchísimas gracias.
Fotografías: UNFPA Bolivia/Vassil Anastasov
