Hoy 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual y Queer) cuyo objetivo es promover la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas con distinta orientación sexual e identidad de género. Diversos testimonios de las personas LGBTIQ+ y de organizaciones nacionales sobre el cumplimiento o no de sus derechos dan cuenta de que aún persisten las actitudes homofóbicas y transfóbicas. Estas se encuentran tan arraigadas, que a menudo se combinan con una falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación que sufren día a día.

Así lo indica Carla Guardia, actual Presidenta de la Coalición Boliviana de Colectivos LGBTI (COALIBOL)[1], quien asegura que pese a lo avanzado en la normativa sobre derechos humanos en el país, persisten estigmas, prejuicios y discriminación hacia estas poblaciones. El último informe de la ONG IGUAL establece que de 150 personas LGBTI encuestadas, el 50% afirma haber sido víctima de discriminación en algún espacio debido a su orientación sexual e identidad de género, en su familia, escuela o entorno laboral; el 40% dijo haber sufrido violencia. “Lo más triste es que el 80% prefiere no realizar una denuncia porque las revictimizan y donde los investigadores y fiscales no saben cómo interpretar la norma concluyendo en la mayoría de las denuncias como leves” afirma Guardia.

Por su parte Rodolfo Vargas, Presidente del Colectivo TLGB[2] en Bolivia y parte del Comité Plurinacional de Discriminación y Racismo, afirma que pese a tener una normativa de avanzada en el país, producto de luchas de las organizaciones, todavía persisten los fundamentalismos y actitudes machistas que no permiten su avance. Por ejemplo, “la Ley Nº 807 de Identidad de Género para la Población Trans, pese a ser promulgada el año 2016, ha sido coartada quitándole a esta población sus derechos básicos”, indica Vargas.

En el caso de la población trans, un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2022 denunció que el país carece de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género de personas transexuales y transgénero. Este incumplimiento se debe a una falta de adecuación normativa en procedimientos internos de entidades estatales y la carencia de políticas efectivas contra la discriminación.

Por su parte, Naciones Unidas afirma que la discriminación contra las personas LGBTIQ+ tiene muchas caras[3], aún son discriminadas en el trabajo, la escuela, hospitales y muchas veces son maltratadas y rechazadas por sus propias familias. Constantemente son víctimas de agresiones físicas, son golpeadas, agredidas sexualmente, torturadas y asesinadas. Al respecto, Vargas, afirma que se tuvo 3 casos en Bolivia de violencia y asesinato a personas trans que significaron cinco años de continuas audiencias y batallas para llegar a las sentencias, “hay lesbianas asesinadas por sus parejas, gays matados en las calles, personas del mismo sexo que son detenidas por la Policía por estar abrazados en plazas o simplemente por caminar de manera distinta a lo establecido. La esperanza de vida de la población trans es hasta 45 años, asevera Vargas, porque no hay otras opciones”.

Ante este panorama desmotivador, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en su compromiso de “no dejar a nadie atrás” y teniendo como referencia el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994, adoptado por 179 gobiernos y al Consenso de Montevideo promueve la igualdad de género y el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ+.

El UNFPA durante todos estos años[4], ha fortalecido a las organizaciones LGBTQIA+ a través de acciones de abogacía e incidencia con autoridades nacionales y subnacionales sobre la normativa que los protege, como señala la COALIBOL y el Colectivo TLGB en Bolivia. Se ha brindado asistencia técnica para la elaboración de tres instrumentos importantes de abogacía y exigibilidad de sus derechos: Una cartilla informativa sobre sus derechos; un documento de acciones de incidencia política municipal y un documento de acciones de incidencia para el cumplimiento de la Ley Nº 807 de Identidad de Género y propuestas de sus reglamentos, con el fin de que las instituciones públicas cumplan operativamente la normativa legal vigente en el país a favor de esta población. Asimismo, se brindó asistencia técnica para la socialización del anteproyecto de Ley de "Desarrollo para el ejercicio de Derechos de la Población Transexual y Transgénero.

El UNFPA apoyó también para la implementación del protocolo de atención integral de personas LGBTQIA+ privadas de libertad y quienes visiten centros penitenciarios, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario, con el objetivo de garantizar condiciones dignas, óptimas, igualitarias y libres de cualquier forma de discriminación. Asimismo, apoyó con la organización y desarrollo del Encuentro Nacional de los miembros del Directorio de la Asociación de Personas Adultas Mayores TLGB, con el objetivo de identificar falencias en la aplicación de la Ley N° 369, de personas adultas mayores, así como necesidades específicas de esta población relacionada con falta de acceso a la salud, vivienda y trabajo.

En el marco del nuevo programa país (2023-2027), el UNFPA ha priorizado el trabajo de transformación de las normas sociales de género discriminadoras que impiden alcanzar los resultados transformadores[5] generando las estrategias y contenidos para los diversos actores involucrados: gobiernos municipales, servidoras/es públicos, mecanismos interinstitucionales, organizaciones sociales diversas, entre las que se encuentran las personas de los colectivos LGBTQIA+.

ALGUNOS DATOS SOBRE CASOS DE HOMOLESTRANSFOBIA EN BOLIVIA[6]

• Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización – Comité de Lucha contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. A seis años de la promulgación de la Ley 045, de acuerdo con el reporte estadístico del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización, y la Dirección General de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, sobre denuncias por racismo y/o discriminación hasta el 30 de junio de 2016 informa que, antes a la promulgación de la Ley Nº 045 (gestión 2009 – 2010), se atendieron 32 denuncias por supuestos hechos de racismo y/o discriminación. Después del 8 de octubre de 2010 hasta el 2016, se registraron 1019 denuncias por racismo y toda forma de discriminación, de los cuales el 55% proviene del ámbito público y 25% del ámbito privado. Para fines del informe dicha entidad pública a través de su nota (MDCyT-VU1897/2016), afirma que solo 11 denuncias se han registrado y atendido por la vía administrativa por orientación sexual e identidad de género, que en términos de porcentaje responde al 1,1%.
• Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Evidencia que en la gestión 2015 – 2016, se recibieron 64 denuncias por discriminación en diferentes ámbitos, sin embargo, no se cuenta con el dato específico de cuántos corresponden por HOMOLESTRASFOBIA.
• Defensoría del Pueblo. A través de nota oficial, CITE DP-AAC-100/2016 remitió información de casos atendidos por derechos vulnerados a la población LGBT desde la gestión 2010 al 2015. Los Resultados de dicho informe son los siguientes:
  
  • Total de Casos registrados por Derechos Vulnerados a LGBT en Bolivia: 76
  • Total de Derechos denunciados que han sido vulnerados a la población LGBT: 15
  • Total de instancias públicas y privadas denunciadas por discriminar a LGBT: 52