CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá - “La COVID-19 es un desafío mundial que debe abordarse a través de la solidaridad y la cooperación internacional”, declararon los representantes de las agencias de la ONU. Como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres: “Estamos juntos en esto, y lo superaremos juntos”, solo con un enfoque inclusivo que realmente no deje a nadie atrás, la región podrá superar esta crisis de magnitud y proporciones sin precedentes.
La pandemia de COVID-19 ha afectado, directa o indirectamente, a millones de personas en América Latina y el Caribe, y las personas refugiadas y migrantes, especialmente las mujeres, las niñas y los niños, son algunas de las más afectadas. Miles de personas han perdido sus medios de vida y ya no pueden costear sus necesidades básicas, como vivienda, alimentos y atención médica; otros no pudieron seguir pagando el alquiler y fueron desalojados. Las mujeres, que son más propensas que los hombres a trabajar de manera informal y reciben salarios más bajos, se ven aún más afectadas. Las personas refugiadas y migrantes vulnerables se encuentran ahora en las calles, donde corren el riesgo de ser detenidas por su incapacidad de obedecer las medidas de distanciamiento físico y cumplir con las cuarentenas. Otras están bloqueadas en las fronteras y necesitan una mayor ayuda humanitaria inmediata. Se han reportado casos impactantes y violentos de discriminación y de xenofobia en toda la región.
Como resultado de este contexto, en algunos casos, un número creciente de personas refugiadas y migrantes están regresando a sus países de origen, a pesar de la falta de perspectivas económicas allí y del riesgo de contagio transfronterizo de COVID-19 que implican tales movimientos de retorno. La caída de las remesas que viene con la crisis económica mundial inducida por la pandemia también afecta a los países de origen de las personas migrantes, lo que contribuye a empeorar sus condiciones de vida.
La situación de protección sigue siendo igualmente desafiante, particularmente en las zonas fronterizas. Aunque la pandemia del COVID-19 puede obligar a los Gobiernos a implementar medidas extraordinarias para limitar la transmisión del virus, es importante garantizar que tales medidas sigan los principios fundamentales de los derechos humanos, las normas para la protección de las niñas y los niños y las normas para la protección de las personas refugiadas, como el principio de no devolución (non-refoulement) y el acceso al territorio para las personas solicitantes de asilo. Se recomienda encarecidamente la suspensión temporal de las deportaciones y la liberación de las personas refugiadas y migrantes detenidas, especialmente las niñas y niños no acompañados, a fin de prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de las personas refugiadas, de la población migrante y de sus comunidades.
Al mismo tiempo, las personas migrantes y refugiadas continúan mostrando su resiliencia y aportando su contribución a las comunidades de acogida. Trabajando como médicos, enfermeras o cuidadores, las personas refugiadas y migrantes, especialmente las mujeres, niñas y niños, son una parte vital en las respuestas de salud pública de muchos países. Muchas también son una parte esencial de la fuerza laboral en otros sectores clave de la economía que continúan brindando bienes y servicios a las comunidades durante los períodos de cuarentena y restricciones de movimiento, como la agricultura, el procesamiento y distribución de alimentos, y los servicios de limpieza y desinfección.
Considerando el papel vital y la situación de vulnerabilidad de millones de personas refugiadas y migrantes, es importante tenerlas en cuenta en las respuestas de protección social de los gobiernos, incluidas las medidas específicas y universales que pueden mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. El Sistema de las Naciones Unidas está listo para ayudar a los países a abordar este desafío y ha estado trabajando de manera conjunta con los gobiernos y la sociedad civil en América Latina y el Caribe, brindando orientación, asistencia y protección para apoyar las respuestas nacionales. “Nuestra acción concertada sigue siendo más necesaria que nunca. Solo uniéndonos podremos enfrentar el nuevo Coronavirus y mitigar su impacto devastador en millones de vidas”, enfatizaron los representantes.
“Las personas refugiadas y migrantes, así como quienes les acogen localmente, necesitan acceso efectivo y no discriminatorio a la información y atención médica adecuada. Todas las personas, sin importar su estatus migratorio, deben ser incluidas en los sistemas y servicios nacionales, junto con otras poblaciones en riesgo de marginación o exclusión”, subrayaron los representantes. “El virus no discrimina. Todas las personas están en riesgo y, por lo tanto, toda la población, incluidas las personas refugiadas y migrantes, debería poder acceder a las instalaciones de salud y a los programas de las redes de seguridad social existentes durante esta emergencia”. Los empleadores también deben hacer esfuerzos, siempre que sea posible, para mantener los salarios de los trabajadores, en particular quienes se encuentran en el nivel más bajo de la escala salarial.
En el marco de la respuesta para la atención de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, la Plataforma de Coordinación Interagencial, liderada por ACNUR y OIM, ha revisado el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) lanzado en noviembre de 2019, para tomar en consideración las nuevas necesidades identificadas desde el brote de COVID-19. Junto con las ONG socias, las agencias de la ONU están implementando varias actividades de prevención y respuesta en los principales lugares donde se acogen a las personas refugiadas y migrantes. Dichas actividades incluyen la perspectiva de género y garantizan que las personas puedan acceder adecuadamente a la información, al agua limpia, al jabón y a servicios apropiados de eliminación de desechos. Las organizaciones trabajan las 24 horas del día para encontrar formas innovadoras de continuar apoyando a las personas más vulnerables en el contexto actual, al tiempo que apoyan a las autoridades nacionales para establecer espacios de observación y aislamiento para posibles casos positivos de COVID-19. Las agencias de la ONU también están trabajando en iniciativas de medios de vida para ayudar a las personas refugiadas y migrantes, así como a las comunidades de acogida, a recuperarse de la actual crisis económica y de salud, además de apoyar medidas para garantizar la protección de las poblaciones refugiadas y migrantes, especialmente aquellas con necesidades de protección internacional.
La comunidad internacional debe responder a esta grave crisis humanitaria invisible. Hoy se realizó la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes de Venezuela, convocada por España y la Unión Europea, con el apoyo de ACNUR y OIM. Es fundamental que los países donantes encuentren formas de continuar apoyando la respuesta humanitaria y de protección, escuchando y respondiendo a las voces de las personas más vulnerables. A menos que la comunidad internacional apoye más firmemente a los países de acogida, existe un alto riesgo de que millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, especialmente mujeres, niñas y niños, se queden atrás, y sean cada vez más invisibles durante la pandemia.
Para mayor información:
PNUD - Vanesa Hidalgo vanessa.hidalgo@undp.org
ACNUR - William Spindler spindler@unhcr.org / Olga Sarrado sarrado@unhcr.org
UNFPA - Álvaro Serrano serrano@unfpa.org
Comunicado Conjunto del UNSDG LAC
Lee el comunicado en inglés aquí
