El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Aru presentaron los resultados del estudio: “Análisis de Situación de la Población: Efectos de la Pandemia COVID-19” que resume los cambios más notorios en variables demográficas en el contexto económico de hogares y en condiciones de desigualdad en la población.
Rinko Kinoshita, Representante de UNFPA Bolivia destacó la importancia de comprender que los datos no sólo son números, sino involucran personas. Recordando el principio establecido en El Cairo hace casi 30 años, Kinoshita precisó que los datos servirán en la medida en que trasciendan del papel a la vida de las personas, sobre todo de aquellas que han quedado atrás.
El informe que se presentó se basa en una revisión sistemática de indicadores demográficos, sociales y económicos que fueron afectados por la crisis de la COVID-19. El informe explora en un primer momento, las condiciones y la situación de la población en Bolivia, previas a la pandemia; en un segundo momento, analiza los efectos más notorios de ésta en términos de: 1. Variables demográficas; 2. Efectos económicos; y 3. Acceso a servicios que pudieran ampliar las brechas y desigualdades en la población.
La pandemia COVID-19 dejó en evidencia, la fragilidad de los avances logrados en los últimos años, en términos de bienestar de la población. Se identificaron debilidades en la respuesta de los sistemas sanitarios y de protección para enfrentar la crisis sanitaria, situación que es similar a la realidad de otros países de la región.
Según el estudio, la irrupción de la pandemia encontró a Bolivia en uno de sus peores momentos en términos de restricciones fiscales, debilidad institucional y crisis política. Quizás por esta razón, es que se tiende a minimizar las deficiencias estructurales del país en cuanto a su capacidad para ofrecer servicios de calidad con amplio alcance.
Ilustran este tipo de déficit, el caso del sistema de salud con capacidades reducidas para dar respuesta a los problemas sanitarios, el sistema educativo con una débil respuesta frente a la necesidad de mantener medidas de bioseguridad (incluido el distanciamiento físico), la ausencia de un sistema de protección social articulado para dar respuesta a crisis económicas y las inevitables interrupciones en las cadenas de prevención, atención y seguimiento a hechos de violencia.
Otro aspecto que llama la atención es que la pandemia ha afectado significativamente a las y los adultas mayores en nuestro país (principalmente a partir de 60 años) que abarca 11% del total de la población boliviana, y se espera que se duplique para 2050. El impacto en este grupo poblacional ha sido más severo por sus características sociodemográficas lo que convoca a repensar el diseño de las políticas vinculadas, con el sistema de protección social para estas personas, en la premisa de lograr resiliencia demográfica.
El informe destaca la importancia de contar con sistemas estadísticos robustos que brinden datos oportunos y de calidad para la toma de decisiones y el diseño de planes de acción a nivel nacional y local, en procura de cumplir la agenda de desarrollo nacional y global.
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