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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentó este 23 de mayo el Estado de la Población Mundial 2024, y bajo la premisa de igualdad e inclusividad con enfoque de género, generacional e interculturalidad, desarrolló un panel de diálogo que contó con la participación de la Senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, Virginia Velasco; Giovanna Angola, artista y cantante afroboliviana; Oscar López, líder de colectivos juveniles; Patricia Conde lideresa y activista de las personas con discapacidad auditiva; y Mateo Rodrigo, hombre trans y activista por los derechos humanos de la población LGBTIAQ+.

Desde la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo CIPD realizada en El Cairo en 1994 los países tuvieron importantes avances. Uno de ellos es la tasa de embarazos no intencionales que ha retrocedido en casi un 20% a nivel global; a su vez 162 países han promulgado leyes contra la violencia doméstica, entre otras importantes acciones. Sin embargo, pese a los avances, siguen marcadas desigualdades interseccionales. La muerte materna, la necesidad insatisfecha de planificación familiar, la violencia basada en género, afectan sobre todo a las poblaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTIAQ+, y jóvenes, principalmente.

Anteproyecto de Ley de DSDR
Virginia Velasco, participó en Oslo, Noruega en abril de 2024 en la reunión de parlamentarios compartiendo el anteproyecto de Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). Durante su participación en el Panel puntualizó en aspectos que establece el mismo, reafirman el ejercicio de DSDR sobre todo de mujeres.
Las conquistas por los derechos humanos, no han sido concesiones, sino resultados de largas luchas para obtener su reconocimiento, al igual que los derechos sexuales y reproductivos. En 1995, la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, establece la Plataforma de Acción que marca la ruta que deben recorrer los Estados. En ese periodo, en Bolivia se impulsaron importantes iniciativas para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, tratando de abordarlos desde diferentes ámbitos, en el marco jurídico primero sancionando los atentados contra la libertad sexual, en el ámbito de la salud desarrollando políticas públicas de salud y en el ámbito de la educación, con la inclusión de la educación sexual en la Ley de Reforma Educativa. Posteriormente, en 2004, se elaboró un anteproyecto de ley relacionada a Derechos Sexuales Derechos Reproductivos, de un capítulo y 8 artículos, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; pero que fue devuelta al Congreso solicitando se promueva mayor discusión, siendo postergada por varios años. Desde entonces, las iniciativas de los movimientos de mujeres, feministas y las organizaciones comprometidas con los derechos sexuales y derechos reproductivos trabajaron sistemáticamente para lograr el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el texto de la Constitución Política del Estado de 2009, en el artículo 66, que plantea que el Estado garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.

En 2010, una nueva propuesta de Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos trabajada por la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos fue ampliamente socializada en eventos de consulta liderados por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados entre organizaciones y movimientos sociales; pero nuevamente su debate y tratamiento legislativo fue pospuesto. En este último tiempo, la Senadora Virginia Velasco, hizo pública una nueva iniciativa de elaboración de Anteproyecto de Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos cuyo objeto es establecer el marco jurídico para la adopción de políticas públicas, planes, programas y estrategias para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos y que constituye un sólido paso más para dar continuidad al progresivo avance en el reconocimiento de estos que son considerados los más humanos de los derechos.

Desde el canto al empoderamiento de mujeres
Giovanna Angola es artista y cantante afroboliviana que transmite desde la música y el canto la importancia del empoderamiento de la mujer y el fortalecimiento del ejercicio de derechos. 

La población afrodescendiente en Bolivia ha sufrido sistemáticamente una discriminación estructural con consecuencias en áreas críticas como la salud, la educación y el desarrollo humano. A pesar de estas adversidades, las poblaciones afrodescendientes han resistido y luchado incansablemente, logrando posicionar sus demandas en el ámbito internacional, regional y nacional. La creación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, declarada por las Naciones Unidas, con foco en el reconocimiento, justicia y desarrollo, es prueba de sus persistentes batallas y logros. Sin embargo, aún existen brechas significativas en la implementación de políticas destinadas a proteger los derechos de las poblaciones afrobolivianas, por tanto, es fundamental escuchar sus reflexiones sobre el empoderamiento de las comunidades afrodescendientes, en particular de las mujeres, frente a la violencia basada en género, los matrimonios y uniones tempranas y forzadas y embarazos no intencionales, hipersexualización y discriminación, considerando además que, según el informe del Estado de la Población Mundial 2024, las mujeres afrodescendientes tienen más probabilidades de sufrir maltrato obstétrico y muerte materna al dar a luz. 

Angola desarrolla con pasión su emprendimiento vinculado al mundo artístico que permite a mujeres de diferentes edades, incursionar en el canto y la música, poniendo en escena musicales que transmiten contenidos que fortalecen la autoestima, el autodesarrollo pleno e integral desde el arte. 

El empoderamiento juvenil con ejercicio de derechos
Óscar López es estudiante universitario. Fue representante de Bolivia en el Diálogo Mundial de la Juventud, en el marco de la CIPD30 en Cotonú, Benín. En abril de 2023, un encuentro histórico reunió a más de 500 jóvenes líderes y lideresas de 130 países en Benín: el Diálogo Mundial de la Juventud. Óscar, representante de Bolivia, alzó su voz junto a cientos de personas  jóvenes para construir sociedades donde la autonomía corporal, la educación integral en sexualidad, el trabajo digno y la paz sean realidades tangibles. Forma parte de la campaña Actúa para prevención de violencia.

Óscar manifiesta que el Diálogo Mundial de la Juventud 2024 es un recordatorio del poder de las juventudes para transformar el mundo. "Su compromiso y energía son la fuerza impulsora que nos permitirá construir sociedades más prósperas y sostenibles para todos y todas" afirma.

El reconocimiento de la lengua de señas boliviana como lengua oficial 
En la 57ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD57) se destacaron las necesidades de los grupos marginados, como las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, los grupos LGBTQIA+ y los migrantes. Se hizo hincapié en tener en cuenta estas necesidades en la elaboración de políticas y en la financiación adicional para garantizar que nadie se quede atrás.

Las mujeres, principalmente niñas y adolescentes con discapacidad tienen hasta diez veces más probabilidades de sufrir violencia de género y se les presentan mayores barreras para acceder a servicios de calidad de salud sexual y reproductiva. Además, enfrentan dificultades adicionales debido a la falta de servicios adaptados y actitudes discriminatorias del personal sanitario. Sabemos que es fundamental la recopilación de datos sobre sus necesidades, sin embargo, estas acciones están obstaculizadas por el estigma y la falta de definiciones claras. Además, la discriminación interseccional agrava las dificultades de estos grupos vulnerables, intensificando las discriminaciones basadas en la etnicidad, color de piel y filiaciones lingüísticas.

Patricia Conde, presidenta de la Asociación de Persona Sordas de La Paz (ASORPAZ), también en representación de la Federación Boliviana de Personas Sordas (FEBOS) explicó la importancia de atender efectivamente la problemática de la violencia y la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad A su vez exhortó a las autoridades nacionales y del nivel departamental y municipal, así como tomadores de decisión a cumplir de forma responsable con las acciones que permitan el ejercicio pleno de derechos a personas que viven con discapacidad. Al respecto de la lengua de señas boliviana, Conde señaló que es una prioridad que la misma forme parte y sea reconocida como lengua oficial de Bolivia, junto a las 36 lenguas que tiene el país.


Hacia la eliminación de brechas que impiden el ejercicio de derechos de personas trans

El Programa de Acción de El Cairo en 1994 exhortó a los Estados a asumir cinco compromisos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos orientados a la comunidad LGBTIAQ+, estos incluyen: promover leyes que prohiban la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas, promover la sensibilización y la educación sobre los derechos de las diversidades sexuales y genéricas, establecer mecanismos para denunciar los casos de violencia y discriminación y fomentar la colaboración con organizaciones LGBTIAQ+ para implementar políticas de inclusión. 

Mateo Rodrigo, miembro del equipo proyectista de la Ley Nº 807 de Identidad de Género, es responsable del área jurídica e incidencia política de la ONG IGUAL y Representante Nacional de Hombres Trans Diversos de Bolivia. Para Mateo, al presente la comunidad LGBTIAQ+ continua viviendo las peores formas de violencia y discriminación que se materializan en crímenes de odio, en especial hacia las personas trans. Recientemente tres mujeres lesbianas fueron quemadas vivas en Argentina tras vivir hechos de hostigamiento permanente por su orientación sexual; así mismo, hay una proliferación en América Latina de seudo “clínicas de terapias de conversión” y denuncias por hechos de “violación correctiva”, en especial a mujeres lesbianas y personas trans. 

Por otra parte, las personas LGBTIAQ+ continúan siendo discriminadas al interior de los servicios de salud sexual y reproductiva: Por ejemplo, en Perú recientemente se re- clasificó a la transexualidad como enfermedad mental. Se limitan sus derechos civiles, como el derecho al matrimonio igualitario, la identidad y por supuesto, muchas personas abandonan la escuela y son expulsados de sus fuentes laborales por discriminación.  

El Panel organizado por el UNFPA permitió desde la experiencia de los cinco participantes, recibir información con evidencia al respecto de las brechas existentes en materia de ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos -como destaca el Estado de la Población Mundial 2024- pero también aportó al conocimiento de acciones propositivas que se desarrollan para eliminar la brechas en procura de la igualdad e inclusividad de poblaciones que son marginadas. La moderación del Panel estuvo a cargo de Priscilla Quiroga, periodista de ámplia trayectoria en el país.

Informes: rportugal@unfpa.org  

Fotografías: UNFPA Bolivia/Vassil Anastasov